1. 1. El financiamiento ilícito en campañas políticas, falta de acceso a la información y la corrupción en las contrataciones públicas, colocan a Honduras en su peor posición histórica en el IPC de Transparencia Internacional con una puntuación de 23 de 100 y la posición 157 de 180 países medidos.
   2. La falta de controles en el gasto público contribuye a que se pierda el 12.5% del PIB en concepto de corrupción.
   3. La falta de transparencia del Congreso Nacional en la ejecución financiera, labor del congreso, participación ciudadana y toma de decisiones no contribuye para que el primer poder del Estado se muestre abierto e inclusivo. Por ende, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa lo coloca como el Congreso menos transparente después de Venezuela con una puntuación de 21.8 de 100 y la posición 12 de 13 países medidos.  

SOLUCIONES:

• • Mejoras legales e institucionales a través de mejores metodologías de verificación, capacidad coercitiva para la Unidad de Política Limpia y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Además, la creación de una nueva Ley de Contratación Pública que fortalezca los controles en los procesos de adquisición del Estado.
  • Potenciar la rendición de cuentas a través de la publicación de informes (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) de la ejecución del gasto lo suficientemente desagregado y entendibles al ciudadano, para que OSC, instituciones contraloras y ciudadanía en general pueda realizar ese control social que conlleve a exigir una rendición de cuentas más rigurosa.
  • Creación de lineamientos de verificación al Congreso conforme a los estándares internacionales apegados a datos abiertos, parlamento abierto y sobre la promoción de la participación ciudadana a través de la inclusión, socialización y cultura de puertas abiertas en la toma de decisiones.
  • Fortalecer las instituciones contraloras a través de los procesos y recurso humanos. Además, que los altos funcionarios acusados por corrupción no sean tratados bajo un proceso especial, sino ante el circuito anticorrupción (justicia ordinaria).

• • Obstáculos para instituciones contraloras (especialmente el Ministerio Público) a través de la aprobación de pactos de impunidad desde las administraciones anteriores en el CN, en donde se establecieron obstáculos y amenazas a las OSC, se entorpeció la investigación del MP y esto conllevo a la falta de judicialización de casos de corrupción.
  • La aprobación a inicios de 2022 de la amnistía política para el periodo 2006-2009 representó un obstáculo a investigaciones futuras y un beneficio a personas que cometieron delitos de corrupción, desnaturalizando completamente la figura de amnistía.
  • El manejo de fondos públicos a través de los diputados que integran el Congreso Nacional, para la implementación de programas sociales sirvió como un mecanismo de corrupción y compra de conciencias. De 2015 a 2021, el Congreso Nacional ejecutó 391,805,067.70 lempiras en la línea presupuestaria Transferencias, que incluye becas, ayudas sociales a personas y transferencias a ONGs.

SOLUCIONES:

• • A pesar de los esfuerzos derogando algunas leyes, aún falta derogar las reformas que sufrió el Código Procesal Penal con respecto al decomiso de documentos, las reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos orientada a la comunicación de la UIF y MP, así como las PEP. Asimismo, se necesita regulación clara y precisa en el tema de fideicomisos públicos y revisar los delitos en contra de la administración pública y criminalidad organizada en el Código Penal.
  • Reformar la amnistía política en donde no se incluyan los delitos en contra de la administración pública y dejarla únicamente como un mecanismo de proyección para personas que sufrieron persecución política.
  • Crear una disposición en donde los diputados no puedan manejar fondos públicos para ningún tipo de programa, ya que la finalidad de los mismos no es ejecutar fondos, sino legislar en favor del país.

• • Entre 2018 y 2020 el 4% del total de solicitudes de información pública no eran respondidas por las instituciones obligadas. Esto corresponde a 5186 solicitudes. Asimismo, 11.4% (1891 de las solicitudes) eran respondidas fuera del plazo establecido por la ley, lo que representa un acceso ineficaz a la información.
  • La capacidad de sanción del IAIP es prácticamente nula, sobre todo en administraciones anteriores que se negaban a publicar o entregar información pública. En ese sentido, las sanciones solamente son pecuniarias y audiencias de descargo que los funcionarios no obedecen.
  • Falta de acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Esto, debido a que son para uso exclusivo del TSC, colocando a Honduras como uno de los pocos países donde no se sabe el patrimonio de los funcionarios.
  • Existe un desfase de verificación en los portales de transparencia, ya que solo se mide el cumplimiento en la revisión de la publicación de información y no se observa si la información es útil, consumible y reutilizable para el ciudadano.

SOLUCIONES:

• • Una nueva metodología de verificación de la información que esté orientada a medir el impacto de información publicada conforme a los estándares internacionales y principios como los de Johannesburgo.
  • Reformas a la ley del IAIP, específicamente en la parte de sanciones, donde se establezcan además de las sanciones existentes inhabilitaciones especiales para ocupar cargos públicos a los funcionarios encontrados responsables por negar información pública.
  • Reformas a la ley del IAIP y TSC para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información patrimonial de los funcionarios públicos y deje de ser exclusiva para uso del TSC.
  • Potenciar las capacidades de los funcionarios de acceso a la información.

• • No existe reglamentación a la mayoría de los 11 procesos de selección de altos funcionarios, solamente CSJ, MP, IAIP cuentan con una reglamentación.
  • La actual ley del Servicio Civil está desfasada y por ende la falta de controles en la contratación de funcionarios de bajo y mediano rango. Esto, contribuye a la alta discrecionalidad en la contratación, burocracia y un severo problema en la administración pública, ya que no se está profesionalizando la misma.
  • Por otro lado, la alta politización al momento de las contrataciones en rangos bajos, medios y altos que genera una graves preocupación sobre todo en los últimos porque toman decisiones trascendentales en el país.

SOLUCIONES:

• • Creación de una ley de selección y elección de altos funcionarios públicos con su respectivo reglamento, a fin de mejorar dichos procesos en base a la rigurosidad técnica, meritocracia y capacidad formativa/intelectual.
  • Reformar o aprobar una nueva Ley del Servicio Civil, ya que la actual no responde a las necesidades sociales, económicas y políticas del país. Estableciendo procedimientos claros, publicidad máxima y fomentando la meritocracia a través de las oposiciones.
  • Solamente la rigurosidad en los procedimientos, transparencia, máxima difusión de la información, veeduría social y compromiso político llevará a la despolitización de los cargos en la administración pública.

• • La contratación pública históricamente en Honduras representa un nicho de corrupción sobre todo en sectores como salud.
  • La ley de Contratación del Estado ya no responde para contener las redes de corrupción que se han articulado en los distintos sectores del país.
  • El rol de ONCAE a través de Honducompras 2.0 fue debilitado con la desactivación del portal de verificación que era muy útil en temas de transparencia.

SOLUCIONES:

• • Se necesita potenciar a la ONCAE a través de personal capacitado, mayor recurso financiero, habilitar Honducompras 2.0, certificar a todos los oferentes, proveedores del Estado. En definitiva, se necesitan mayores controles y una buena cooperación intergubernamental.
  • Creación de convenios de las Secretarias de Estado con instituciones contraloras y OSC, donde se intercambie apoyo técnico, acceso a la información y sobre todo se permita una veeduría constante en cada una de las etapas de los procesos de contratación. Con ello se es posible mitigar en gran medida los riesgos de corrupción en los procesos de contratación. (Ej. ONGs y empresas de maletín)
  • Creación de una nueva Ley de Contratación Publica con mejores procesos, mayor rigurosidad en las modalidades de contratación y que prevea posibles riesgos de corrupción. Asimismo, es importante contemplar auditorías internas y externas más completas para evitar las posibles situaciones irregulares.
  • Finalmente, prestar especial atención a los fideicomisos que se han utilizado como un mecanismo de corrupción, para evitar la fiscalización de los fondos públicos, y; en la contratación pública no es la excepción. Por ende, es necesaria su regulación sobre todo para el sector público que no son específicos.